El Ministerio de Justicia ha instalado la herramienta Copilot en los equipos de todos los jueces y fiscales de España, y la Fiscalía está desarrollando un proyecto piloto para automatizar escritos de acusación en materia de seguridad vial. Sin embargo, la transformación digital de la justicia española sigue incompleta, y las competencias transferidas han generado 13 sistemas distintos en otras tantas comunidades autónomas.
Así lo refleja un análisis de la situación que subraya el contraste entre la apuesta ministerial por la inteligencia artificial y la brecha tecnológica que persiste en muchos juzgados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado una instrucción que insiste en que la decisión final en todo proceso debe recaer siempre en la mano humana: los jueces y fiscales no pueden ser sustituidos por máquinas, aunque sí pueden apoyarse en sistemas inteligentes para la búsqueda de jurisprudencia, la redacción de resoluciones o la organización de plazos.
El ICAM (Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid) publicó a finales de 2025 una guía de buenas prácticas en IA para delimitar los límites del uso de estas herramientas por los-letrados. Entre las recomendaciones destaca la supervisión humana obligatoria, la transparencia en el uso y la protección de datos confidenciales de los clientes.