La gestora hipotecaria barcelonesa Tecnotramit ha presentado concurso de acreedores con una deuda superior a los 100 millones de euros, según el Registro Público Concursal. El juzgado mercantil número 10 de Barcelona ha designado a Pedro Franco como administrador concursal, abriendo el plazo de un mes para que los acreedores comuniquen sus créditos.

La compañía, especializada en la gestión de trámites hipotecarios, llevaba meses en una situación límite. Los principales bancos con los que colaboraba —CaixaBank, Banco Santander y Bankinter— habían paralizado sus operaciones tras detectar múltiples incidencias en la gestión. Fuentes financieras consultadas por La Vanguardia señalan que estas entidades han tenido que responsabilizarse directamente de pagos que correspondían a Tecnotramit, lo que las sitúa como los principales acreedores del procedimiento.

650 empleos y movilización sindical

El sindicato CC.OO. ha vuelto a convocar una movilización para el jueves 4 de junio ante la sede de la compañía. El sindicato advierte de que, si el negocio acaba en liquidación y ninguna empresa adquiere la unidad productiva, 650 empleos podrían desaparecer. La plantilla ya venía denunciando impagos y opacidad en la información transmitida por la dirección. CC.OO. sostiene que la compañía acaba de vender su delegación de Portugal, una operación que el sindicato califica de «liquidación de activos» sin importe conocido.

Lo que abre ahora el procedimiento

Con la presentación del concurso se abre la fase común del procedimiento concursal regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC). Las entidades financieras afectadas deberán comunicar sus créditos en el plazo de un mes. Mientras, la administración concursal evaluará las opciones de viabilidad: desde un convenio de continuación hasta la liquidación ordenada, pasando por la venta de la unidad productiva.

Para clientes y profesionales del sector, la pieza clave no es solo la deuda: lo que se decide en las próximas semanas es si la actividad de Tecnotramit es asumida por otra gestora o si los 650 puestos de trabajo quedan expuestos a un proceso de liquidación pura. Una distinción práctica con efectos directos sobre la plantilla, los acreedores financieros y los expedientes vivos de los clientes.

Fuente: La Vanguardia, 02/06/2026.

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