La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha dictado un extenso auto de más de 300 páginas en el que abre procedimiento abreviado contra 38 personas investigadas en el caso Azud, una trama de corrupción vinculada a contratos públicos y operaciones urbanísticas en la Comunidad Valenciana.
Entre los procesados figuran exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, un exportavoz municipal del PSOE y exsubdelegado del Gobierno, empresarios, funcionarios, letrados y la exalcaldesa de Xixona (Alicante), además de familiares directos de la fallecida exalcaldesa Rita Barberá.
La investigación, iniciada en 2016 a partir de una querella de la Agencia Tributaria, sitúa en el centro un despacho profesional regentado por el cuñado de Barberá que, según el auto, canalizaba cerca del 80% de su facturación mediante comisiones cobradas por adjudicaciones a dedo y decisiones favorables en el Ayuntamiento y otros entes públicos.
La pieza abre la fase de juicio oral en una causa que entrelaza cohecho, blanqueo de capitales, financiación irregular de campañas y tráfico de influencias, con un papel muy activo de la Fiscalía Anticorrupción y la AEAT.
Lectura Adara Legal
El caso Azud vuelve a recordar que la frontera entre actividad política, despacho profesional y empresa puede acabar siendo penal cuando se cruzan líneas como el cohecho o el blanqueo.
Para administradores y cargos públicos, la pieza refuerza la necesidad de separar claramente la gestión institucional del asesoramiento privado y de documentar cualquier intervención relevante.
Para empresas y profesionales que trabajaron con las personas investigadas, el avance hacia juicio oral puede abrir nuevos frentes de responsabilidad civil, concursal o administrativa.
La sentencia final será un buen termómetro de cómo se acreditan en juicio patrones de corrupción sostenidos durante años, con pruebas documentales, fiscales y testificales acumuladas en más de una década de instrucción.
Fuente original: Economist & Jurist, 2026-09-06.
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