El Tribunal Supremo ha hecha pública su fijación de criterio contra el abuso en la contratación temporal del personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, como consecuencia dela sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que cuestionaba las medidas españolas frente a la temporalidad en el sector público. Así lo recoge el sitio web del Consejo General del Poder Judicial.
La doctrina del Supremo aborda el tratamiento de los trabajadores públicos temporales que han encadenado contratos durante años sin superar proceso selectivo, estableciendo que la transformación automática en personal fijo no es la única vía posible y que deben respetarse los procedimientos de estabilización previstos en la normativa española. El tribunal matiza el alcance de la jurisprudencia europea y busca equilibrar los derechos de los trabajadores temporales con las competencias organizativas de las Administraciones públicas.
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El caso afecta directamente a cientos de miles de trabajadores temporales en las Administraciones públicas y a las propias Administraciones como empleadoras. La doctrina del Supremo tiene implicaciones en materia de personal, presupuestaria y procesal, y delimita el alcance de las posibles reclamaciones individuales y colectivas.
Para laboralistas y responsables de Recursos Humanos en el sector público, la clave estará en identificar qué trabajadores pueden reclamar la fijeza y qué medidas de estabilización son las más apropiadas para cada Administración, en un contexto de presión continuada sobre el empleo público temporal.