La protección de la vivienda no desaparece automáticamente porque el firmante no resida de forma permanente en el inmueble si lo ocupan su cónyuge o hijos dependientes en los términos legales. La norma evita que determinadas circunstancias familiares o laborales se utilicen para desactivar el régimen de vivienda.

En caso de conflicto, serán relevantes la convivencia, la dependencia familiar, la continuidad del uso residencial y las comunicaciones entre las partes. Para el arrendador, antes de iniciar una resolución por falta de ocupación conviene comprobar quién vive realmente en la finca y con qué título familiar o personal.

Este artículo conecta con criterios judiciales sobre residencia familiar: la vivienda puede conservar protección aunque el titular contractual no resida de forma permanente si permanecen cónyuge no separado o hijos dependientes. La prueba familiar y de ocupación resulta decisiva.

Este precepto debe leerse junto con cesión, subrogación y crisis familiar. Si el titular se marcha pero quedan familiares protegidos, la reacción del arrendador debe ser técnica, no automática.