Cinco Días informa de que la justicia neerlandesa ha autorizado el embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos) ante la negativa de España de abonar un laudo arbitral que reconoció el derecho de la compañía japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, a ser indemnizada con 106 millones de euros por el recorte a las primas de las renovables decidido en 2013 con motivo de la reforma eléctrica.

El edificio, ubicado en Domplein, en el centro histórico de Utrecht, está valorado en aproximadamente 10 millones de euros. Los acreedores estudian que, de ejecutarse el embargo por orden judicial, el activo de titularidad española sea subastado. Es el último ejemplo de una serie de embargos preventivos de activos españoles en Países Bajos derivados del impago de laudos relacionados con la energía renovable.

La noticia tiene relevancia jurídica por cuanto afecta a la ejecución de laudos arbitrales internacionales contra el Estado español, la posición de los tratados bilaterales de inversión y la posibilidad de que activos diplomáticos o de entidades públicas sean objeto de medidas cautelares en jurisdicciones extranjeras.

Fuente original: Cinco Días.

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