La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha condenado a dos años de inhabilitación a una magistrada que, desde el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, dictó dos resoluciones que impidieron a una empresa en concurso interponer recursos que la ley le reconocía. La magistrada actuó por error inexcusable, al considerar que sus decisiones eran de trámite y no recurribles, apartándose de cualquier interpretación aceptable de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Sala la absuelve de un delito de prevaricación dolosa pero confirma la inhabilitación por prevaricación judicial. Los hechos se enmarca en el concurso de Grupo 4 Islas Balears S.L., que explotaba el Hotel Torre Azul. La decisión no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
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