El holding Pegaso (integrado por el fondo Trilantic y la familia Oriol) ha formalizado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo una reclamación de 53 millones de euros contra el Estado español por los daños causados por el veto gubernamental a la opa que el consorcio húngaro Ganz Mavag lanzó sobre Talgo. La cifra se desglosa en 25,3 millones por los daños directos del veto y 27,7 millones por el deterioro del valor de la participación que Pegaso se vio obligado a mantener. El Supremo ya le ha dado acceso parcial al expediente que motivó la denegación, salvo los documentos elaborados por el CNI. El Gobierno basa su veto en razones de seguridad nacional, aunque el Supremo está corrigiendo la opacidad que rodea esa decisión. Ganz Mavag también prepara su propia demanda ante el Supremo.
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