La Comisión General de Codificación, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, ha advertido de “graves errores” y falta de coherencia en el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, según informa El Confidencial.
El informe cuestiona, entre otros puntos, la sustitución de la escritura pública y del control notarial previo por contratos privados con firma electrónica que después deberían inscribirse en el Registro Mercantil. El órgano consultivo alerta de una posible merma de seguridad jurídica y de dificultades para mantener controles relevantes en materia de prevención del blanqueo.
También advierte de riesgos para sociedades limitadas si la condición de socio queda supeditada a la inscripción registral, con posibles bloqueos internos, problemas interpretativos y mayores costes para pequeñas empresas.
Lectura Adara Legal
La noticia tiene relevancia mercantil y preventiva: cualquier reforma que altere la transmisión de participaciones, el papel del notario o la inscripción registral puede impactar directamente en la seguridad del tráfico jurídico.
Para sociedades, administradores y asesores, el punto crítico estará en equilibrar digitalización y lucha contra la corrupción con garantías suficientes sobre identidad, capacidad, consentimiento, trazabilidad y control de operaciones sospechosas.