La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) encara el cierre del actual mandato con un volumen inédito de expedientes abiertos: 753 en total, de los cuales 158 son procedimientos sancionadores abiertos contra compañías energéticas, según los datos publicados por Expansión al cierre de la etapa de Cani Fernández. La cifra supone un récord de actividad inspectora en electricidad y en hidrocarburos y dibuja un escenario regulatorio muy denso para los próximos meses, justo cuando se avecina la renovación de la cúpula del organismo.
El régimen sancionador que la CNMC puede activar es de los más duros del derecho administrativo español. La Ley del Sector Eléctrico tipifica infracciones muy graves con multas de hasta 60 millones de euros, y la de Hidrocarburos prevé sanciones de hasta 30 millones. En ambos casos, las sanciones graves pueden alcanzar los 6 millones y las leves los 600.000 euros. Multiplicado por los 158 expedientes, el techo teórico agregado de exposición se acerca a los 1.000 millones de euros, lo que da una idea del impacto económico potencial para las energéticas afectadas y, sobre todo, del coste regulatorio que el sector deberá interiorizar en sus próximos planes estratégicos.
En clave práctica, los expedientes en tramitación afectan a operadores de generación, distribución y comercialización, así como a traders de gas y a empresas de productos petrolíferos. No todos acabarán en sanción, ni todos llegarán al tope legal, pero el volumen sí refleja un cambio de paso del supervisor. La CNMC ha combinado en los últimos años la apertura de expedientes sistémicos (sobre prácticas de contratación, cortes de suministro y缚customer-facing) con investigaciones sectoriales sobre formación de precios en el mercado mayorista. La coincidencia con el recambio de la presidencia añade un elemento de timing político: el equipo saliente cierra expedientes que el entrante deberá defender o modular.
Para los operadores energéticos, la prioridad es revisar el estado de cada expediente y, en su caso, anticipar alegaciones. Tres frentes abiertos. Primero, los expedientes ligados a los apagones y a la respuesta de Red Eléctrica, donde la CNMC ha sido especialmente activa en los últimos meses. Segundo, los procedimientos derivados de la reforma del autoconsumo y del almacenamiento, donde se mezclan competencias autonómicas y estatales. Tercero, las investigaciones sobre prácticas contractuales con consumidores vulnerables, con multas significativas en la última anualidad. En todos los casos, la estrategia defensiva debe construirse con un análisis técnico-económico sólido, porque el TRLC y la LGUM de consumidores imponen estándares crecientes a los operadores.
En Adara Legal recomendamos a las empresas afectadas por alguno de estos 158 expedientes que revisen su exposición agregada, definan una matriz de riesgos regulatorios y, en los casos con probabilidad real de sanción, preparen una defensa coordinada con sus servicios jurídicos externos. La clave en sancionador administrativo no es solo recurrir, sino construir el expediente de descargo desde el primer momento: la Audiencia Nacional, que es el órgano competente para revisar las sanciones graves y muy graves de la CNMC, valora especialmente la proporcionalidad y la trazabilidad de las decisiones internas del operador.
Fuente original: Expansión, sección Empresas / Energía, 8 de junio de 2026 («CNMC prepara mil millones en multas a energéticas en plena renovación»), datos propios del rotativo sobre la situación de los expedientes en la CNMC y referencias a la Ley del Sector Eléctrico y a la Ley de Hidrocarburos.