La Autoridad Portuaria de Valencia afronta un expediente vinculado a su canal interno de denuncias, según la información publicada por elDiario.es. El medio señala que la Autoridad Independiente de Protección del Informante habría abierto una investigación preliminar tras una denuncia anónima y la habría trasladado después al área de procedimiento sancionador.
La cuestión se centra en posibles incumplimientos de la Ley 2/2023 de Protección del Informante. Según la fuente, el problema estaría en las funciones atribuidas a la empresa contratada para gestionar el canal interno, Asesores Forenses y Financieros, S.L., que habría asumido tareas de investigación que corresponderían a la propia entidad.
elDiario.es indica que, si la conducta acabara calificándose como infracción muy grave, la sanción administrativa podría llegar hasta un millón de euros. La apertura o traslado a fase sancionadora no equivale por sí sola a una sanción firme ni prejuzga el resultado final.
El interés práctico de la noticia está en que los canales internos no son una formalidad documental. Su diseño exige delimitar quién recibe comunicaciones, quién investiga, qué garantías tiene el informante y qué parte de la gestión puede externalizarse sin vaciar responsabilidades propias.
Lectura Adara Legal
La Ley 2/2023 obliga a tratar los sistemas internos de información como una estructura de cumplimiento real, no como un formulario subcontratado.
Externalizar soporte técnico o gestión auxiliar puede ser válido, pero la entidad debe conservar control, confidencialidad, independencia y trazabilidad del procedimiento.
El riesgo sancionador se activa especialmente cuando el contrato no distingue bien entre recepción, gestión, investigación y decisión.
Para empresas y entidades públicas, la revisión práctica pasa por contrato, protocolo, roles, plazos, protección del informante y cadena de custodia de la información.
Fuente: elDiario.es, 16 de junio de 2026.
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