La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) ha advertido en su primera memoria anual de varias carencias en la Ley de Protección del Informante y del posible riesgo de sanciones europeas si España no adapta determinados puntos a la directiva comunitaria.
Según la información publicada por Europa Press, el organismo recibió 174 denuncias en su primer cuatrimestre de funcionamiento y acordó proteger a 17 denunciantes. La memoria pide, entre otras cuestiones, ampliar la protección a quienes denuncien ante Fiscalía, juzgados o fuerzas de seguridad, eliminar el límite temporal de dos años y prever medidas cautelares más ágiles frente a posibles represalias.
La noticia tiene interés práctico para empresas, administradores y responsables de cumplimiento: los canales internos de información no pueden tratarse como una obligación meramente formal. La protección del informante, la tramitación de denuncias internas y la reacción frente a eventuales represalias pueden convertirse en un foco relevante de responsabilidad administrativa y reputacional.
En clave preventiva, conviene revisar si el canal interno está realmente operativo, si existen protocolos claros de recepción y análisis, si se preserva la confidencialidad y si las decisiones posteriores pueden justificarse documentalmente. En organizaciones con actividad sensible, esta revisión debería integrarse dentro del gobierno corporativo y del asesoramiento mercantil recurrente.
Fuente: Europa Press, 24 de mayo de 2026.
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