El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía, un instrumento internacional orientado a reforzar el ejercicio libre e independiente de la profesión.
La medida encaja especialmente en el plano institucional: no se limita a una cuestión corporativa, sino que conecta la protección de los abogados con el derecho de defensa, el acceso a la justicia y las garantías del Estado de Derecho.
Para despachos y profesionales, la noticia conviene seguirla por su posible impacto en estándares de independencia, confidencialidad, seguridad profesional y reacción frente a restricciones indebidas en el ejercicio de la abogacía.
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