Se cumple un año desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 —conocida como «ley Bolaños»—, que desde el 3 de abril de 2025 obliga a cualquier ciudadano que quiera presentar una demanda civil o mercantil a acreditar que ha intentado previamente llegar a un acuerdo con la otra parte a través de los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC): negociación entre abogados, mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial u opinión de experto independiente.
El balance del primer año es decepcionante. Es la conclusión que comparten más de diez operadores jurídicos —abogados, procuradores y magistrados— consultados por La Vanguardia, y también la que se desprende de los datos: los juzgados españoles cerraron 2025 con casi cinco millones de asuntos sin resolver, cifra superior a la del ejercicio anterior.
La ley ha conseguido reducir ligeramente la entrada de nuevas demandas, pero los expertos coinciden en que no es porque los ciudadanos estén resolviendo sus conflictos extrajudicialmente: lo que ocurre es que el trámite adicional de acreditar el intento de acuerdo previo está retrasando artificialmente la presentación de las demandas. El Ministerio de Justicia, por su parte, celebra como un éxito la caída del 20,4% en la litigiosidad civil y mercantil.
El decano del Colegio de Procuradores de Barcelona lo resume sin rodeos: «Se ha empezado la casa por el tejado». La raíz del problema, coinciden los consultados, es estructural: la falta crónica de inversión y recursos en la Administración de Justicia no se resuelve limitando el acceso a los tribunales.
Fuente: La Vanguardia (19 de abril de 2026)