La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado un estudio en el que advierte que las administraciones públicas españolas se enfrentan a hasta 16.000 millones de euros en litigios abiertos por empresas y particulares, cifra equivalente a casi un punto del PIB. A ello se suman condenas ya firmes que el año pasado obligaron a reembolsar más de 3.000 millones, con casos como la desgravación fiscal de empresas extranjeras (1.255 millones), la reforma del impuesto de sociedades de 2016 (más de 1.000 millones) o el complemento de paternidad (529 millones). Sin contar las devoluciones a mutualistas, que ascendieron a 2.717 millones en 2025.
Entre los litigios todavía sin sentencia firme destacan el relativo al tramo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos —con un impacto estimado de hasta 6.500 millones—, el bono social eléctrico (913 millones acumulados y en ascenso), el IAE de operadores de telefonía (1.480 millones provisionados) y los arbitrajes internacionales en materia de energía. El Tribunal Supremo ya ha fallado en varios de estos asuntos en contra del Estado durante 2026.
La AIReF concluye que el riesgo fiscal derivado de la litigiosidad es estructural y creciente, y advierte que el impacto de las condenas sobre el déficit público seguirá aumentando en los próximos ejercicios, especialmente si los tribunales europeos y nacionales continúan dictando sentencias contrarias a decisiones normativas de la administración.
Fuente: La Vanguardia (19 de abril de 2026)