El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha condenado a dos años de inhabilitación a una magistrada por un delito de prevaricación judicial imprudente, al considerar que dictó dos resoluciones que impidieron recurrir a una empresa inmersa en concurso.
La sentencia descarta que hubiera actuación dolosa, pero aprecia un error inexcusable y una interpretación jurídicamente insostenible al negar la posibilidad de recurso frente a providencias desfavorables para la concursada. El tribunal subraya que la decisión se apartaba incluso del tenor literal de la ley.
La resolución afecta a un procedimiento seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma y recuerda algo importante: el acceso a los recursos no es una cuestión menor, especialmente cuando hay patrimonios, acreedores y administradores concursales en juego.
Por qué importa. Más allá del caso concreto, la noticia refuerza la idea de que en materia concursal la tutela judicial efectiva y el respeto a los cauces de impugnación siguen siendo nucleares.
Fuente: CGPJ / Poder Judicial