El Tribunal Supremo ha rechazado la primera petición de suspensión cautelarísima del Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes, al entender que no concurren circunstancias de especial urgencia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha respondido así a un recurso presentado por una asociación que pidió la suspensión sin necesidad de audiencia por riesgo cierto de perjuicio irreparable, ante la previsión de una rápida activación administrativa del procedimiento de regularización.
El Supremo se limita a tramitar el incidente cautelar por el procedimiento ordinario, dando un plazo de alegaciones de diez días al Gobierno. Varios partidos de la oposición estudian ahora recurrir el decreto ante el mismo tribunal.
La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada María Consuelo Uris, fija un primer criterio judicial sobre la vía cautelarnessima en relación con la regularización.