Confilegal recoge el 4 de agosto de 2026 la reclamación del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos para revisar la implantación de VeriFactu y de la futura factura electrónica obligatoria.
La organización pide que la normativa incorpore criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal, especialmente para autónomos, micropymes y pequeñas empresas.
El interés jurídico está en el impacto regulatorio: las obligaciones tecnológicas de facturación pueden afectar de forma muy distinta a una gran compañía y a negocios con estructura mínima.
La noticia también apunta a un debate práctico de compliance fiscal: cómo compatibilizar digitalización y lucha contra el fraude con cargas administrativas proporcionadas al tamaño, actividad e historial de cumplimiento del contribuyente.
Fuente: información publicada por Confilegal el 2026-08-04. Ver noticia original aquí.
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