La Comisión Europea ha llevado de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el régimen de reclamación de daños derivados de leyes nacionales contrarias al Derecho de la Unión.
Según publica Confilegal, Bruselas considera que España no ha cumplido plenamente la sentencia europea de junio de 2022, que cuestionó las condiciones y límites impuestos por la normativa española para que los particulares pudieran obtener una indemnización cuando una infracción del Derecho de la UE les causa un perjuicio.
La cuestión es relevante porque conecta directamente con la responsabilidad patrimonial del Estado legislador y con la eficacia práctica del Derecho europeo. No basta con reconocer en abstracto un derecho a reclamar: el procedimiento no puede hacer excesivamente difícil obtener la compensación cuando concurren los requisitos legales.
La Comisión señala que el proyecto de reforma sigue pendiente de aprobación parlamentaria. Si el TJUE aprecia incumplimiento de la sentencia anterior, España podría enfrentarse a una multa a tanto alzado y a sanciones diarias hasta adaptar su régimen interno.
Para empresas y particulares, el asunto conviene seguirlo con prudencia: no implica por sí solo que cualquier daño normativo sea indemnizable, pero sí puede afectar al marco de reclamación cuando una ley nacional vulnera el Derecho de la Unión y esa infracción genera un perjuicio acreditable.
Fuente: Confilegal.
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