Economist & Jurist publica este 2 de septiembre que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado una indemnización de 3.750 euros por la demora empresarial en tramitar un protocolo de acoso laboral.
Según la pieza, la Sala de lo Social aprecia que tardar cuatro meses en activar de forma efectiva las pesquisas vulneró la integridad moral de la trabajadora, aunque esta se encontrara de baja médica durante la tramitación.
La información tiene interés práctico porque los protocolos internos no son documentos meramente formales: exigen reacción diligente, plazos razonables y una investigación real cuando se comunica una situación de posible acoso.
Para empresas con canales éticos, políticas laborales o procedimientos internos, el caso subraya que la inactividad puede generar responsabilidad propia aunque el debate de fondo sobre el acoso sea más complejo.
Fuente: información publicada por Economist & Jurist el 2 de septiembre de 2026. Ver fuente original: Economist & Jurist.
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