El BOE del 22 de octubre publica una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, fechada el 6 de julio de 2026, que confirma la suspensión de una cancelación hipotecaria solicitada tras obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. Es una resolución administrativa registral, no una nueva sentencia del Tribunal Supremo ni una reforma de la Ley Concursal.
Los interesados habían presentado una instancia y el testimonio de la sentencia de exoneración. La Dirección General aprecia que el documento no ordenaba expresamente cancelar la hipoteca concreta y que tampoco quedaba acreditado de forma inequívoca que el crédito garantizado estuviera comprendido en la exoneración. La resolución detecta, además, discordancias entre la identificación de la garantía inscrita y los créditos descritos en la sentencia.
El criterio distingue dos planos que no conviene confundir: la exoneración de una deuda y la cancelación de su garantía registral. Para el supuesto examinado, exige una resolución judicial que delimite expresamente el crédito y ordene cancelar la hipoteca identificada. No basta con que el deudor afirme que el crédito ha quedado exonerado.
La resolución recuerda también la protección de las deudas con garantía real dentro del límite del privilegio especial. Por ello, no puede interpretarse como una vía para cancelar automáticamente cualquier hipoteca después de la segunda oportunidad.
Qué conviene revisar
Antes de pedir la cancelación, conviene cotejar la nota simple, la escritura del préstamo, la relación de créditos y el fallo de exoneración. Si la garantía no está inequívocamente identificada o falta el pronunciamiento de cancelación, habrá que analizar la aclaración o subsanación judicial correspondiente, sin presumir que la exoneración ha eliminado la carga.
Fuente: BOE, Resolución de la DGSJFP de 6 de julio de 2026 (BOE-A-2026-22046), 2026-10-22.
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