La Fiscalía Europea ha informado de una condena dictada en España contra una empresa y su administrador por declarar como gastos de un proyecto financiado por la Unión Europea costes salariales que ya estaban cubiertos por subvenciones nacionales.
Según la comunicación oficial de la EPPO, el proyecto estaba financiado en el marco de Horizonte 2020 y se refería a la reparación de envases de plástico reutilizables. La empresa también habría recibido ayudas del Gobierno de Navarra para fomentar el empleo y apoyar la internacionalización.
La conducta causó un perjuicio total de 26.000 euros, de los que 10.200 euros correspondían a la Unión Europea. El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó al administrador a 23 días de prisión, pena sustituida por multa de 276 euros, y a la sociedad a una multa de 6.500 euros y a la prohibición de recibir subvenciones durante nueve meses. Los acusados reconocieron los hechos y restituyeron la totalidad del perjuicio causado.
La noticia es relevante para empresas que gestionan ayudas públicas, fondos europeos o proyectos subvencionados. No basta con justificar el gasto formalmente: hay que evitar la doble imputación de costes, conservar trazabilidad documental y revisar la compatibilidad de cada ayuda antes de cargarla a un proyecto concreto.
Fuente principal: Fiscalía Europea, comunicación de 9 de octubre de 2026. Fuente complementaria: El Derecho.
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