El BOE ha publicado la Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
La norma se presenta como desarrollo del nuevo artículo 49 de la Constitución, reformado en 2024, y refuerza el enfoque de derechos humanos, autonomía personal, inclusión social y accesibilidad universal. También incorpora referencias específicas a las necesidades de mujeres, niñas y niños con discapacidad.
Desde una perspectiva práctica, la ley obligará a revisar cómo se aplican las políticas de accesibilidad, apoyos, participación comunitaria y atención a la dependencia. Su impacto no se limita al ámbito público: empresas, entidades prestadoras de servicios, centros de atención y organizaciones que tratan con usuarios o consumidores deberán atender a un marco más exigente de inclusión y accesibilidad.
La entrada en vigor se producirá a los veinte días de su publicación en el BOE. Hasta que se desarrollen las previsiones reglamentarias, conviene distinguir entre las obligaciones ya operativas y aquellas que requerirán desarrollo posterior por el Gobierno o por las comunidades autónomas dentro de sus competencias.
Fuente: BOE.
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