Cinco Días ha publicado hoy una nueva tribuna de Miguel Ángel Marchena, socio director de Adara Legal, bajo el título “La segunda oportunidad no debería necesitar un GPS”.
El artículo aborda una cuestión con consecuencias muy concretas para los deudores de buena fe: que el acceso a la exoneración pueda recibir respuestas distintas dependiendo del tribunal competente. Ante situaciones económicas equivalentes, la vía elegida —concurso sin masa o plan de pagos— no debería depender de una suerte de geografía judicial.
Claridad legislativa frente a incertidumbre
La tribuna analiza las dos modalidades de exoneración previstas en el texto refundido de la Ley Concursal y advierte de que la norma no establece que superar una determinada cifra de ingresos obligue, por sí solo, a seguir un plan de pagos.
“Si disponer de cierta capacidad de pago supone imponer un plan, el legislador debería decirlo y delimitar cómo se mide, qué necesidades se protegen y qué excepciones proceden.”
El problema no es únicamente interpretativo. La falta de un criterio uniforme se traduce en recursos, meses de espera y costes adicionales para quien ya se encuentra en una situación de insolvencia. De ahí la necesidad de una mayor claridad legislativa y de criterios de unificación que aporten seguridad jurídica.
Segunda oportunidad: análisis individual del caso
La elección de la vía de exoneración exige estudiar el patrimonio, los ingresos, las cargas familiares y las circunstancias concretas del deudor. Puedes consultar más información en nuestra página de abogados de segunda oportunidad en Madrid.
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