EL PAÍS explica que el Congreso ha rechazado la convalidación del real decreto que permitía prorrogar, en las mismas condiciones y hasta un máximo de dos años, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. La norma había entrado en vigor el 21 de marzo, pero ha decaído apenas unas semanas después al no reunir mayoría suficiente.
La principal consecuencia jurídica inmediata es la incertidumbre sobre las prórrogas ya solicitadas por inquilinos mediante burofax mientras la norma estaba vigente. Las fuentes jurídicas citadas en la información no ofrecen un criterio unánime: una parte sostiene que los derechos ejercitados durante la vigencia del decreto deben mantenerse, mientras otra advierte de que la derogación puede abrir un escenario de litigiosidad hasta que los tribunales fijen doctrina.
Además de la prórroga extraordinaria, también decae el límite automático del 2% para la actualización anual de rentas previsto en esa norma. El asunto tiene impacto directo en arrendadores, arrendatarios y operadores jurídicos por la inseguridad que genera en contratos ya afectados por la medida.
Fuente original: EL PAÍS.